La mayoría de las redes de distribución y canalizaciones se han colocado sin permiso de los propietarios por los que transcurren, y sin haber sido en muchos casos ni siquiera indemnizados. Las Sentencias del Tribunal Supremo avalan que los costes del acceso a la red no sean solo abonados por los usuarios, puesto que las empresas distribuidoras reciben subvenciones a nivel nacional y europeo por ello.